En 2022 se produjeron más de 6.879.000 bajas por enfermedades y accidentes no laborales, que supusieron un coste de más de 21.500 millones de euros en prestaciones económicas, habiendo crecido este gasto en más de un 66% en los últimos cinco años, y en un 18% en el primer semestre de 2023.
El laberinto burocrático existente para su gestión, las listas de espera en la sanidad pública y el riesgo moral del que se deriva un uso indebido de estas prestaciones, son los orígenes de este mayor gasto, perjudican la salud de los Trabajadores, incrementan aún más la carga asistencial de una Sanidad Pública saturada y, suponen una importante merma de competitividad de las Empresas, y un pesado lastre para la creación de Empleo y para el crecimiento económico de España, a corto, medio y largo plazo.