El próximo año el gabinete de prevención de riesgos laborales de la CEV cumplirá 20 años. Dos décadas que ponen de manifiesto el compromiso de esta casa con la actividad preventiva, que ha cobrado una mayor relevancia con la crisis generada por la Covid-19.
La pandemia ha dado un vuelco al escenario económico, paralizando sectores de gran relevancia en la Comunitat Valenciana como el turismo u obligando a la adaptación de otros sectores como el textil para dar respuesta a las necesidades de material sanitario y de protección.
Controlada la crisis sanitaria, pero aún sin vacuna, los ciudadanos y el tejido empresarial debemos aprender a convivir con el virus y trabajar en pro de la recuperación económica.
El objetivo no es fácil y las empresas van a necesitar el apoyo de la Administración para asegurar su supervivencia y el mantenimiento de miles de empleos. Con esas pretensiones hemos trabajado estos meses desde las organizaciones empresariales, solicitando la flexibilización de los ERTEs, el aplazamiento de tributos o la necesidad de liquidez, entre otras medidas.
Un trabajo que continúa, al igual que nuestra preocupación por proteger a los trabajadores. Su seguridad ha sido la máxima en este período de incertidumbre y debe continuar siendo así. Si la economía, como decía al principio, ha dado un vuelco con el coronavirus también la responsabilidad en materia preventiva. Los departamentos de PRL han sido esenciales para cumplir con la normativa, evaluando los puestos de trabajo y las instalaciones para facilitar la posterior planificación y la implantación de medidas de protección.
Del mismo modo, también se han elaborado planes de contingencia para la reincorporación de los trabajadores a la actividad. Así, el 70% de las empresas de la Comunitat activas durante el estado de alarma implementaron medidas de prevención tempranas según la segunda encuesta Covid-19, impulsada por el Instituto INECA y la CEV.
Un estudio que nos ha permitido valorar de forma muy positiva el cumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno y aquellas adoptadas por los empresarios en sus negocios para preservar la seguridad de los empleados, proveedores y clientes.
La actividad económica no puede parar, por el bien común, pero debe hacerlo de la forma más segura.