El amianto, prohibido en Europa desde 2005 y en España desde 2002, es un material altamente peligroso que causa cáncer y enfermedades respiratorias graves. Aunque su uso cesó hace décadas, sigue presente en numerosos edificios e instalaciones por su empleo masivo entre 1960 y 2002, lo que representa un importante problema de salud pública.
La normativa española permite mantener los materiales con amianto solo mientras estén en buen estado, pero su retirada es necesaria al final de su vida útil. La Unión Europea ha fijado como objetivo eliminar completamente el amianto para 2032, y en los edificios públicos antes de 2028. En línea con ello, la Ley 7/2022 prioriza la retirada en instalaciones de mayor riesgo y con especial atención a la población más vulnerable.